Según la Convención 2003, las comunidades son “las que practican y transmiten el PCI” mediante una relación intrínseca en la que ellas reconocen, expresan y se identifican con este patrimonio que a su vez les brinda un sentido de pertenencia e identidad. La identidad colectiva de las comunidades, muchas veces intangible, se recrea y renueva para garantizar una continuidad en el futuro, partiendo y recurriendo al pasado heredado. No obstante, uno de los mayores desafíos es definir qué es comunidad dado que no hay un consenso único al respecto. Se sugiere que la comunidad sea pensada como un concepto amplio, profundo y plural, tener claridad sobre este punto es fundamental, pues invita a cambiar la noción de “comunidades portadoras” del patrimonio a la de “comunidades gestoras” del patrimonio.
De acuerdo con algunos expertos en la gestión cultural comunitaria, la comunidad se puede definir como “un cúmulo de unidades que buscan conseguir el bien común”. Es decir, una comunidad estaría constituida por diferentes individuos (e incluso instituciones) con distintas trayectorias e intereses, que logran articularse en el proyecto común de proteger y fortalecer su PCI. En otras palabras, la comunidad del patrimonio se conforma en la práctica de la salvaguardia.
Asumir ese concepto de comunidad implica también comprender un cambio de paradigma en torno al patrimonio. Se transita desde una visión del siglo XIX que se centraba en los elementos tangibles del patrimonio y concebía los saberes y conocimientos como “contenidos” y a las personas como “contenedores”; a una visión más contemporánea que concibe el patrimonio como “vivo”, a las personas como agentes activos y a la salvaguardia como un proyecto común. Tener claridad sobre este punto es fundamental, pues invita a cambiar la noción de “comunidades portadoras” del patrimonio a la de “comunidades gestoras” del patrimonio.
Concebir a las comunidades como un entramado en torno a prácticas, normas, símbolos, conceptos, principios, normativas que implican la participación de diferentes actores, pone el centro de la definición de comunidad en las personas y en el proyecto común que las articula. Son estos actores los que constituyen la comunidad y contribuyen a su mantenimiento y dinamización.
El cambio de paradigma implica reconocer varios elementos: que las comunidades del patrimonio no son unidades completamente consolidadas ni homogéneas; que su PCI no es estático ni congelado en el tiempo ya que no existe ni puede existir una única versión, pues la riqueza está en su diversidad; y que existen tensiones y diferencias intracomunitarias que implican ejercicios de diálogo y consenso constantes para lograr unidad desde la diferencia.
El patrimonio cultural inmaterial como elemento de engranaje social
La definición de PCI que ofrece la Convención 2003 es el referente principal al que se unen los conceptos de los diferentes países, planteados acorde a sus legislaciones y políticas internas, pero guardando un núcleo común: considerar al PCI como elemento vivo y dinámico, que genera identidad y que está estrechamente relacionado con las características comunitarias.
Las comunidades desarrollan procesos y establecen relaciones entre sus miembros que no se limitan al sector cultural. El PCI se enmarca en esta dinámica y aporta a estos procesos de construcción de beneficios de manera integral e integradora en lo social, cultural, educativo, económico, etc.
Aunado a lo anterior se debe recordar que el PCI es una práctica cotidiana, está insertado en un sistema de valores y creencias y, a su vez, alimenta este mismo sistema con contenidos simbólicos y prácticas que ordenan y orientan la convivencia social. Como señala la Convención 2003, el PCI es un “factor de acercamiento, intercambio y entendimiento entre los seres humanos”, porque fortalece una cosmovisión y genera una “praxis” relacionada con ella. El PCI sirve, de distintas maneras, a darle continuidad a los elementos simbólicos y prácticos de la vida y organización de estas comunidades. Nombrar estas expresiones como patrimonio inmaterial es muchas veces más el fruto de una mirada externa y de la acción del propio Estado en su rol de garantizar las condiciones necesarias para proteger estas manifestaciones. Para las comunidades el PCI es vida.
Esta función social implica además por parte del Estado, contribuir al desarrollo sostenible y al manejo de recursos naturales, a la mejora de ingresos económicos de las familias y a la lucha por la garantía de derechos. Existen manifestaciones de PCI asociadas a las condiciones ambientales, climáticas o que por lo menos dependan de estas condiciones para su desarrollo, entre otras. El PCI, entonces, es un orientador de las relaciones de las comunidades con su entorno y una forma de construir estos entornos.
Las manifestaciones del PCI son parte de la cotidianidad y permiten enfrentar la escasez de alimentos, la variabilidad climática y hasta la resolución de conflictos y la reconstrucción del tejido social. El PCI constituye entonces un conocimiento altamente especializado, dinámico y vivo, consciente de los recursos naturales y su administración. Para definir el PCI en la comunidad y cómo actuar para su salvaguardia es necesario generar un ambiente de participación en el cual la comunidad reflexione, debata y determine qué es lo que quiere salvaguardar y cómo quiere hacerlo. Esto incluye la necesidad de plantear las preguntas acertadas al momento de identificar las manifestaciones y la planificación de acciones de salvaguardia que permitan reflexionar y que ofrezcan respuestas oportunas para la toma de decisiones.
La gestión compartida del patrimonio, un diálogo entre la comunidad y el Estado
La Convención 2003 busca reconocer el valor incalculable de las manifestaciones culturales frente a un contexto global de riesgos que las acechan. Sin embargo, no es suficiente por si misma sino que hace falta un ejercicio de acercamiento entre el Estado y las comunidades ya que es este quien tiene la tarea de salvaguardar el PCI a través de la generación de condiciones para garantizar que las expresiones culturales se mantengan y perduren.
Para entender la amplitud y profundidad de la participación comunitaria es necesario reconocer y valorar que históricamente las comunidades han desarrollado mecanismos propios de salvaguardia que han perdurado hasta la actualidad y que han permitido dar continuidad a su patrimonio vivo. Las comunidades son guardianas de sus expresiones culturales y como tales han establecido un conjunto de acciones y han movilizado muchos recursos. Hablar de participación comunitaria y de gestión compartida del PCI entre el Estado y las comunidades implica acercamiento y diálogo.
La gestión compartida implica el respeto a la autonomía de las comunidades en lo que respecta a las prácticas, acciones y mecanismos necesarios para garantizar la sostenibilidad de su patrimonio vivo y también favorece el desarrollo de procesos colaborativos en los cuales las instituciones públicas no suplantan sino fortalecen la organización comunitaria y así, refuerzan el trabajo que realizan. Fortalecer la gestión comunitaria del PCI crea condiciones propicias para que las comunidades ejerzan sus derechos culturales y así, puedan llevar una vida plena y creativa de acuerdo con lo que ellas valoran, contribuyendo y promoviendo la gobernanza cultural.
¿Quiénes participan de un proceso de salvaguardia?
Representantes de las comunidades, del Estado y de otros actores que puedan contribuir con el proceso. La comunidad dentro de su complejidad está integrada por diversos actores sociales que cumplen diferentes roles y funciones (sociales, organizativos, culturales educativos) a distintos niveles. Esa diversidad de actores complejiza identificar quiénes tienen la legitimidad para representar a la comunidad ya que la participación es distinta debido a la posición, al interés o a la jerarquía. De igual manera ocurre con las autoridades ancestrales o tradicionales, políticas, legales, entre otras, que cumplen funciones distintas y ameritan ser consideradas de forma diferente.
La participación del Estado es igualmente compleja ya que pueden participar los distintos niveles de gobierno (federal, estatal, departamental/ provincial o municipal); diversos sectores como cultura, educación, medio ambiente, vigilancia sanitaria, pueblos indígenas, derechos humanos, salud, deporte y turismo; al igual que otras áreas de gestión cultural, como patrimonio monumental y arqueológico, casas de cultura y museos. Todas estas entidades tienen intereses, objetivos, metodologías y enfoques de trabajo diversos e incluso en algunos casos contradictorios y opuestos.
Es necesario recordar que existen otros actores que pueden asumir roles importantes tales como la cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales, universidades, institutos de investigación, investigadores autónomos, empresas privadas, comerciantes locales, gestores culturales particulares y asociaciones, entre otros. La identificación de los actores es una tarea conjunta entre la comunidad y el Estado que debe hacerse para definir el nivel de participación. Al final hay que garantizar que la voz principal de las decisiones sea la de la comunidad.
Mecanismos de participación
Los mecanismos de participación son el conjunto de dispositivos, instrumentos, acciones, normas y formas de organización que se establecen para garantizar el protagonismo de las comunidades, tales como:
Las legislaciones que garantizan y definen la participación comunitaria.
Los programas de gobierno que fomentan el involucramiento de las comunidades.
Los servicios públicos para incluir, considerar e implicar a las comunidades.
La estructura institucional pública que favorece la participación.
Un elemento importante por parte del Estado es que estos mecanismos estén definidos y articulados para garantizar la participación constante y estructural de las comunidades para que en realidad se considere una gestión compartida del PCI. Uno de estos mecanismos fundamentales es la política pública entendida como herramienta que define el marco y el presupuesto para llevar a cabo las acciones de salvaguardia. La política pública es también el resultado de un proceso complejo pero que también puede transformarse y perfeccionarse.
Un mecanismo importante de participación es el de comunicación que debe plantearse teniendo en cuenta dos componentes. El primero, de ellos se refiere a la necesidad de crear conciencia y de sensibilizar a las comunidades y a la población general sobre la necesidad de la salvaguardia del PCI por medio de la creación de plataformas de acceso a los medios de comunicación considerados aliados fundamentales.
El segundo componente se refiere a la necesidad de que el Estado informe a las comunidades sobre cuál es el marco en el cual se está actuando para la salvaguardia de tal forma que las comunidades al estar enteradas hagan propuestas para fortalecer el trabajo de resguardo del PCI. No existe un acuerdo sobre la forma en que debe realizarse el proceso de participación, pero un criterio fundamental es favorecer el diálogo horizontal para lograr igualdad de condiciones de interacción y que no sea una imposición vertical.
Ahora bien, existen distintos niveles de participación que van más allá de una consulta o un ejercicio informativo hacia la comunidad, pero ¿Consultar a la comunidad es suficiente para garantizar la participación? La consulta es solo una etapa o acción, la participación requiere un rol protagónico en el proceso de toma de decisiones. Las distintas escalas de participación deben ser comprendidas desde cada realidad, tanto por las comunidades como por los representantes del Estado, teniendo claro que, cuanto más alto sea el nivel de participación mayor será la capacidad de salvaguardar el PCI.
El nivel de participación de un proceso de salvaguardia no se elige sino se construye mediante el acercamiento, la confianza y la consolidación de relaciones en las comunidades, pero puede enfrentar dificultades con cada uno de los actores:
Dificultades / desafíos institucionales: Debido a la lógica burocrática, a los tiempos y a los ritmos políticos puede ser muy complejo llevar dentro del Estado un proceso participativo a lo cual se suma la falta de recursos o la imposibilidad de las comunidades en atender las exigencias del Estado.
Dificultades/desafíos de relacionamiento: Por un lado, la desconfianza en los representantes del Estado, y por el otro, el desafío de la representatividad de las comunidades. ¿Con quién o quiénes debe instaurarse este relacionamiento? ¿Quién o quiénes tienen la legitimidad de decisión y pueden generar los acuerdos con el Estado?
Dificultades/desafíos éticos: Garantizar que los miembros de las comunidades no van a estar sujetos a juicios externos de valor. De la misma manera, es fundamental reconocer y respetar los derechos de las comunidades. ¿Cuáles son los límites del accionar como gestores públicos? ¿Cómo debe manejarse la información generada en el ámbito del trabajo y quién la puede manejar?
Dificultades/desafíos metodológicos: Las herramientas metodológicas son claves para hacer esta traducción que permita transmitir la información con claridad y que favorezca la participación activa de la comunidad en la generación de conocimiento sobre su práctica cultural y su salvaguardia.
Dificultades/desafíos internos a las comunidades: Las comunidades están lejos de ser entidades armónicas sin tensiones ni intereses particulares. Al contrario, suelen ser heterogéneas, polifónicas, contradictorias e incluso tener posiciones adversas en su seno con distintas agendas que sobrepasan el campo del PCI. Se puede contribuir a generar diálogo y acuerdos o, por el contrario, a incrementar y acentuar las fisuras y divisiones.
Salvaguardia como una decisión comunitaria
Un aspecto para tener claro es que las comunidades del patrimonio han salvaguardado su PCI desde hace mucho tiempo incluso antes de la actual noción de Estado – nación. La decisión de dar continuidad a sus prácticas culturales está estrechamente ligada a la identidad comunitaria y es lo que da sentido a la convivencia entre las personas, lo que permite conectarse con sus ancestros, y reafirmar su sentido de pertenencia por medio de los saberes, rituales, prácticas y conocimientos.
Por ello se debe comprender la salvaguardia como una decisión comunitaria lo cual implica una serie de acciones asociadas a la expresión y transmisión de sus conocimientos. Este elemento es el corazón de lo que es la salvaguardia. En este sentido es importante recalcar: dado que el PCI no puede existir desligado de las personas que lo practican, muchas veces es difícil o imposible establecer diferencias entre lo que es una amenaza a las prácticas y lo que es una amenaza a la comunidad.
Para hablar de los desafíos de la salvaguardia, como también del rol del Estado hay que recordar algunos elementos:
La relación entre las comunidades y su PCI es intrínseca.
Pensar en la salvaguardia del PCI es pensar en garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la comunidad.
Muchas veces los problemas a los que se enfrentan las comunidades para la salvaguardia de sus manifestaciones no están relacionados con elementos internos, sino a factores asociados a estas expresiones.
Además de eso, es común que una manifestación cultural esté amenazada por los problemas que viven las comunidades como la amenaza a su propio modo de vivir, a sus creencias, sus relaciones sociales y el medio ambiente. Tanto la comunidad como el PCI pueden estar bajo la influencia de distintos tipos de problemas o desafíos, algunos de ellos más claramente asociados a las manifestaciones y otros colaterales que pueden de igual manera ponerlas en riesgo.
En ese contexto, es fundamental que los representantes del Estado tengan claro que la salvaguardia del PCI debe ser comprendida como la decisión comunitaria de dar continuidad a su patrimonio. Así, el Estado acompaña esta voluntad comunitaria desde su función de facilitador y promotor de las condiciones que garantizan la sostenibilidad de estas expresiones culturales como bien colectivo.
Sin embargo, deben considerarse las repercusiones que tienen algunas acciones estatales pensadas para proteger las expresiones culturales y que pueden generar problemas y constituir una amenaza para las manifestaciones del PCI. Por ejemplo, la comercialización creciente de la cultura en el marco del turismo ha provocado que en algunas ocasiones se mercantilicen los saberes tradicionales, extrayéndolos del contexto en el que cumplen su función social y favoreciendo la teatralización y escenificación del PCI. Otro ejemplo, es que un proceso de salvaguardia puede llevar a incrementar divisiones en el seno de las comunidades si no se han establecido acuerdos consensuados dentro de las mismas.
Entonces, comprender la salvaguardia como un ejercicio de gestión compartida, tanto en el acceso y administración de la información como en la implementación de las medidas de salvaguardia, contribuye a fortalecer a la comunidad y así evitar el uso indebido de su PCI. Por ello, ante las amenazas presentadas es importante considerar los aspectos y dimensiones relacionados con estas expresiones que son fundamentales cuando se trata de salvaguardar estas manifestaciones, tales como:
Camino metodológico de abordaje
Un primer paso dentro de este proceso participativo, requiere establecer una ruta con etapas en las que se defina claramente cómo y cuándo se involucra la comunidad. El siguiente paso es definir la función del Estado como facilitador y mediador entre las comunidades y otros actores sociales. Esta función contribuye a la toma de decisiones y a construir una estructura de trabajo. El enfoque participativo por el que se opta, supone también una transformación en el rol de los funcionarios lo cual implica:
Hacer uso responsable y respetuoso de la información recopilada.
Valorar y promover el respeto a la diversidad de opiniones e ideas para generar ambientes de trabajo armoniosos, así como tener transparencia que genere confianza entre los integrantes de la comunidad y los facilitadores externos.
Incluir a los diversos miembros de la comunidad para lograr una efectiva cooperación, evitando todo tipo de exclusiones posible. Por último, la gran diversidad social, cultural, ambiental, organizativa y productiva obliga a conocer los lugares y contextualizar las acciones para promover procesos participativos orientados a la salvaguardia del PCI. Con estas consideraciones en mente, se propone una ruta metodológica de cinco etapas.
Etapas de abordaje en la participación comunitaria
Planificación interna y aproximación a la comunidad
Estar informado y respetar las normas de la cultura local y los usos consuetudinarios.
Contar con conocimiento previo de la comunidad, de sus dinámicas de organización, de sus tiempos y ocupaciones.
Diseñar un plan de trabajo de manera conjunta.
Plantearse objetivos pertinentes y delimitar resultados esperados.
Las visitas previas permiten establecer contacto e identificar actores para explorar el interés que pudieran tener y, en consecuencia, informar las intenciones. El diálogo permitirá conocer con claridad qué es lo que se pretende realizar, quiénes intervendrán, en dónde se llevará a cabo, cuándo y en qué tiempo y con qué finalidades.
Planificación conjunta del trabajo
Construcción de la propuesta de trabajo que implica definir el modo de participación de la comunidad y otros actores. En este momento es esencial el consentimiento previo, libre e informado. Para la planificación conjunta se propone un camino de 4 pasos:
El primer paso implica la caracterización de la comunidad, la cual debe tomar en cuenta tanto el contexto (territorial, social, cultural, político, histórico, ambiental) como la comunidad (el sistema cultural, las formas de organización, los niveles de representatividad y sistemas de toma de decisiones, la relación al territorio, entre otros). Posteriormente se realiza un diagnóstico que permita definir la manifestación y su estado actual, identificando riesgos, amenazas y el nivel de viabilidad. Asimismo, se debe determinar los actores sociales relacionados con la expresión y sus respectivas relaciones/tensiones. El tercer momento corresponde a la definición del proceso que se llevará a cabo partiendo de la identificación de las necesidades y perspectivas de la comunidad. En esta fase se establece su nivel de incidencia territorial (local, regional, nacional u otros) y poblacional.
Los pasos anteriores pueden hacerse en conjunto con la comunidad o la misma comunidad puede hacerlo por ella misma. Finalmente, en la fase de concertación se espera generar acuerdos que permitan tomar decisiones en conjunto. Para ello, es importante recordar que los tiempos y dinámicas de las comunidades son a veces muy distintos a los tiempos y horarios institucionales, por consiguiente, tanto los funcionarios como los miembros de la comunidad deben estar dispuestos a acordar un calendario conjunto de trabajo. Para conformar el equipo de trabajo es importante considerar las posibles jerarquías en la organización social local y promover un sentido de equidad y horizontalidad. Por último, es fundamental concertar los mecanismos de participación a lo largo del proceso lo cual será determinante para una efectiva gestión compartida.
Recopilación, sistematización y gestión de la información
En esta fase el diálogo es la ruta sobre la cual se construyen los saberes, a partir del reconocimiento y apreciación de los otros actores. Al participar, las comunidades y las personas adquieren voz que construye conocimiento, se hacen preguntas, hablan de los problemas, analizan con base en lo que conocen, en el contexto y asumen una actitud propositiva para transformar, que es lo deseable en los procesos de salvaguardia. Las comunidades son reconocidas como agentes activas en la construcción de su conocimiento.
En este proceso se utilizan instrumentos de participación como mapeos participativos, investigación participativa, vídeos, fotos participativas para adquirir conocimiento partiendo de lo que las personas saben, de sus experiencias y de los sentimientos que ciertas situaciones les provocan o que les provocan las problemáticas del entorno. Sin embargo para que las herramientas participativas sean eficientes es necesario que los agentes estatales tengan una actitud de diálogo.
Desarrollo de acciones de salvaguardia
La salvaguardia de las expresiones culturales implica el desarrollo de un proceso participativo, abierto y equitativo, que se comprende como una gestión compartida. Este proceso puede contar con elementos para el desarrollo exitoso.
Favorecer el diálogo entendido como el encuentro horizontal de saberes de todos los actores sociales involucrados, siendo la comunidad un actor primordial, y el reconocimiento de que todos pueden aportar y la apreciación del otro. Este ejercicio de diálogo lleva a que cada una de las partes involucradas revise su propio proceso de interacción y cree acciones individuales y colectivas para la salvaguardia.
Al participar, las comunidades y las personas adquieren voz que construye conocimiento, se hace preguntas, se cuestiona, lo cual favorece analizar los contextos, ver las posibilidades y asumir una actitud propositiva hacia el entorno y para generar la transformación que se busca en los procesos de salvaguardia.
Al incluir la participación, las comunidades son reconocidas como agentes activas en la construcción de su conocimiento. Sin embargo, para que esta sea efectiva deben utilizarse herramientas y metodologías que la faciliten, incentiven y refuercen.
Es necesario recordar que las formas de relacionamiento y de comprensión de los hechos a nivel comunitario son distintas a las lógicas del Estado, de la academia o de otras instituciones. Por ejemplo, la recuperación del conocimiento puede ser fácil para unas personas por medio de una entrevista pero para otras el conocimiento aflora si se recorre un territorio.
Otro elemento fundamental es que todas las personas involucradas en el proceso de salvaguardia deben ser considerados como actores sociales activos, que dialogan y aportan y no que solamente escuchan pasivamente, por lo que continuamente se debe preguntar ¿Cómo dialogamos? ¿Cómo se toman en consideración las dudas de las comunidades? ¿Cómo se está comprendiendo el trabajo que se realizará? ¿Cómo se da el lugar que merecen los aportes comunitarios para incentivar que siga contribuyendo con su conocimiento?
Estos son desafíos que deben estar presentes para cuestionar si las metodologías y las herramientas elegidas son las adecuadas para alcanzar los objetivos. Estas herramientas utilizadas para adquirir conocimiento deben partir siempre de la práctica, de lo que las personas saben, de sus experiencias, de sus sentimientos y de las problemáticas del entorno. Además, las herramientas deben plantearse según la edad de las personas participantes, según su sexo o su género.
Entre estas herramientas se encuentran los mapeos, la investigación, los vídeos y las fotografías, todas, participativas. Pero esas no son las únicas, también existen herramientas que son más cercanas a la experiencia de las comunidades como los recorridos por los territorios, los talleres de sabios o ancianos, los círculos de la palabra, entre otros.
El uso de estas herramientas favorece el trabajo que se realiza con las comunidades pero por sí solas no garantizan un involucramiento efectivo. También pueden utilizarse herramientas más clásicas como entrevistas con líderes y lideresas u otras que ayuden a obtener informaciones en profundidad. En ambos casos lo fundamental es la actitud de diálogo que debe mantener y transmitir el facilitador. Sin esa actitud de diálogo es imposible construir un conocimiento desde todos los actores.
Este enfoque refuerza la gestión compartida del PCI, favoreciendo el dejar capacidades instaladas en la comunidad para lograr la sostenibilidad de la salvaguardia. Ello también conlleva a promover la apropiación de los procesos desde la construcción corresponsable de los mismos.
Monitoreo y evaluación
El monitoreo de las actividades y la ejecución de las acciones planteadas debe ser tanto la responsabilidad de los funcionarios como de los distintos actores involucrados con la manifestación. Esta puede hacerse por medio de la conformación de grupos gestores o grupos de salvaguardia en los que estén incluidos todos los actores, teniendo especial cuidado que no sean considerados como los dueños de la manifestación y que en el monitoreo esté también involucrada toda la comunidad.
El monitoreo permite reajustar acciones previstas e identificar lecciones aprendidas, replanteando objetivos propuestos. De igual manera, la evaluación del proceso es fundamental para poder medir los impactos de las acciones desarrolladas.
Hemos reflexionado sobre cómo el PCI está íntimamente vinculado a las comunidades, grupos y en algunos casos individuos, dado que cobra vida y sentido por los actos o productos realizados por estos. Asimismo, las comunidades existen a través de lo intangible. Por consiguiente, la continuidad y transmisión generacional del PCI como el mantenimiento de la misma comunidad, se logra si se garantiza la participación de sus diversos integrantes. La sostenibilidad real de las acciones de salvaguardia requiere fortalecer a las comunidades que expresan y transmiten ese PCI.
Hoy, este fortalecimiento puede darse a través del trabajo colaborativo, articulado y corresponsable con otros actores clave, tales como el Estado, en un ejercicio de gestión compartida del PCI para garantizar la viabilidad de estas expresiones y comunidades. Desde esta perspectiva, incentivar la participación de las comunidades conlleva reconocer y valorar la experiencia, el conocimiento y sabiduría que poseen sobre la expresión cultural de la cual son partícipes en su creación, continuidad y transmisión y así fortalecer la gestión comunitaria del PCI y, por ende, la gobernanza cultural. Y recuerda "La Cultura, transforma vidas".